Aire embotellado

Una mujer con el rostro cubierto por una mascarilla lee el periódico en la acera.

Una compañía canadiense ofrece aire puro embotellado a la población china que, debido a los altos índices de contaminación en el país asiático, han convertido la compra de este producto en la nueva moda. Vitality Air ha pasado de vender aire embotellado en una estación de esquí a atender la enorme demanda de clientes chinos.


“En tan sólo cuatro días se agotó el primer lote de 500 latas. Ahora estamos recibiendo una gran cantidad de peticiones por adelantado para nuestro próximo envío. Nos acercamos a las 1.000 en pocos días”, señala Harrison Wang, director de operaciones de Vitality Air en China. Además, los socios de la empresa planean expandir su negocio a otros países; Irán y Afganistán también se han interesado por las latas de aire frescoque rondan entre los 14 y los 20 dólares, dependiendo del tamaño de la lata.

Pero, ¿acaso importar el aire es el remedio al problema del smog en China? Como señala Wallace Leung, profesor de la Universidad Politécnica de Hong Kong, comprar botellas de aire no es una solución práctica para la contaminación. “Tenemos que filtrar las partículas que hay en el aire de los asesinos invisibles “, añadió Leung, quien lleva a cabo investigaciones sobre la eficacia de las mascarillas.

En el norte de China es normal salir a la calle y encontrarse envuelto en una “niebla contaminante”, también conocida como smog. Esto sucede sobre todo durante los meses de invierno, cuando centrales eléctricas y hogares queman carbón para mantenerse calientes. En los últimos meses, la capa de aire contaminado ha provocado que apenas se haya visto el cielo azul. Las alarmas han saltado sobre varias ciudades. La concentración de partículas PM2,5 -las más pequeñas y nocivas para la salud- ha llegado a alcanzar los 53 microgramos por metro cúbico, el doble de los 25 microgramos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las autoridades advierten de que lo peor está por llegar y estiman que estas cifras se pueden llegar a disparar hasta los 500 microgramos.

La contaminación del aire es tan preocupantes que en el mes de diciembre Pekín activó dos “alertas rojas” en tan solo 15 días, la máxima alerta posible. Restringir el tráfico, cerrar colegios, o recomendar a la población limitar sus actividades al aire libre, fueron algunas de las medidas que se llevaron a cabo. No es para menos, alrededor de 1,6 millones de personas mueren cada año en China por enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Los ciudadanos, alarmados por la situación, también han empezado a actuar por su cuenta. La última tendencia que se impone en el mercado del gigante asiático es la compra masiva de botellas rellenas de aire fresco procedentes de las montañas rocosas de Canadá.

A finales del 2015 se celebró la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático en París. Al finalizar, los 195 países que participaron firmaron el denominado Acuerdo de París, que establece un marco temporal para que el mundo solucione la crisis climática, con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media del planeta por debajo de los 2 º C. El texto recibió elogios por parte de altos cargos como el presidente francés François Hollande, que lo consideró como ”el primer acuerdo universal de la historia de las negociaciones climáticas”, o Barak Obama, quien destacó que el documento “pone el mundo en el camino para lograr un futuro con menos dióxido de carbono”.

Sin embargo, numerosos activistas medioambientales se manifestaron en la capital francesa al considerar este pacto insuficiente. Por su parte, el científico estadounidense conocido como el padre de la ciencia sobre el cambio climático, James Hansen, no tardó en calificarlo de “fraude”. “No hay acciones, solo promesas. En la medida que el combustible fósil sea el más barato, se seguirá quemando”, agregó.

En la medida en que los líderes mundiales pongan la riqueza por encima del medioambiente, nuestros pulmones respirarán las terribles consecuencias de todo esto que, algún día, nos obligará a vivir enchufados a una botella de “aire fresco”.


Artículo publicado en
– Ecoportal
Centro de Colaboraciones Solidarias
– Volteirenet

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Exiliados y olvidados

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“Nos fuimos de España porque allí no teníamos futuro, ahora tampoco podemos decidir sobre el de nuestro país”. Así se siente Sergio Núñez al saber que no podrá votar en las próximas elecciones generales. Nacido en Madrid, se marchó a Edimburgo hace ya unos años cuando vio que, acabada la carrera, no tenía ninguna oportunidad laboral dentro de nuestras fronteras. Como él, casi dos millones de españoles en todo el mundo se “abstendrán” de votar el próximo 20 de diciembre. La gran mayoría de manera forzosa.


Desde el 2011 los emigrantes españoles que quieran votar deben de enfrentarse al voto rogado, un mecanismo legal introducido en la reforma de la Ley Electoral que obliga a los residentes en el extranjero a pedir el voto en cada cita electoral. Un mecanismo creado para desalentar a los emigrantes y que ha reducido drásticamente la participación de los expatriados en la vida democrática del país. A esto se suma la desinformación, las trabas burocráticas, las papeletas que nunca llegan, o las que no lo hacen a tiempo… “Nos sentimos ciudadanos de segunda”, critica Sara Moreno. Una periodista que emigró hace ya 2 años a Zurich.

El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) está integrado por 1.880.026 personas con derecho a voto. De ellos, apenas 115.055 han conseguido completar el arduo proceso de ruego de voto. Un triste 6,11% que ha tenido la paciencia y habilidad para terminar la “carrera de obstáculos burocrática” a la que se han visto obligados todos aquellos que quieren tomar parte en el futuro de su país. Y ni siquiera ese reducido porcentaje tiene garantizado que podrá ejercer su derecho al sufragio el próximo 20 de diciembre.  Antes tendrán que sortear los retrasos y fallos que puedan suceder en el servicio de correos, bastante comunes sobre todo al tratarse de ciudades y pueblos a miles de Kilómetros de distancia.

Esto supone que más del 90 por ciento de todo el registro electoral exterior, 1.764.971 personas, no podrán participar en una de las elecciones más significativas en la historia de la democracia Española. Casi 2 millones de votos olvidados, de voces silenciadas. Unas cifras terribles propias de los peores pucherazos electorales. Una masacre contra el voto exterior que atenta contra la democracia y contra la dignidad de sus víctimas; emigrantes, en su mayoría jóvenes, que además han sido forzados a abandonar el país debido a la falta de empleo y su precariedad. Solo en la primera mitad del año, más de 50.000 se marcharon en busca de mejores oportunidades, un 30% más de los que lo hicieron en el mismo periodo de 2014.

A raíz de los movimientos sociales surgidos en España en los últimos años, nace Marea Granate, un grupo transnacional y apartidista formado por emigrantes del Estado español y simpatizantes con el objetivo de luchar contra las causas de la crisis económica y social que les obliga a emigrar, y contra quienes la han provocado. Este colectivo que usa el granate por ser el color de los pasaportes, símbolo de su emigración forzada, ha puesto en marcha la iniciativa #RescataMiVoto, con la  que se pretende poner en contacto a un emigrante que quiere votar y no puede, con otra persona que sí puede votar pero no quiere. Ambos, de la misma Comunidad Autónoma, reciben un email con el que iniciar un proceso privado entre las dos personas para que el emigrante le pueda decir al donante por quién votar.

No se trata de una situación derivada de un error burocrático o de un retraso logístico. No. El Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, es consciente de que su gestión en el Gobierno ha empujado del país a miles de personas. También sabe que muchas de ellas no votarían a su favor para evitar que volviera a gobernar. Sin embargo, en vez de enfrentarse a la realidad y asumir las consecuencias de sus errores, prefiere  alterar el resultado de las urnas de manera ilegal. El 20 de diciembre no estaremos todos porque no nos dejan estar. Pero gracias a iniciativas como la de #RescataMiVoto de Marea Granate, un abstencionista voluntario en España podrá donar su voto para que el abstencionista forzoso pueda ejercer su derecho fundamental y se le tenga en cuenta, aunque sea desde el extranjero.

Desahucio de un país

Solidaridad con los Sin Hogar

Vallecas, Madrid. Seis de la mañana. Cincuenta policías y 7 furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se presentan en el domicilio de Wilson y su familia. Un matrimonio con dos niños pequeños. Uno de ellos apenas sobrepasa el mes y medio de vida. Pero ni eso, ni el frío de aquella noche de enero, ni el apoyo de los vecinos e integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pudieron evitar que los desahuciaran. Su casa, una vivienda alquilada de protección oficial, había sido vendida a un fondo buitre que había triplicado las mensualidades. Y los padres, como tantos otros, se encontraban en paro. El drama humano que supone perder el techo bajo el que dormir se repite cada día en toda la geografía española, a pesar de que la Constitución garantiza el derecho de todos los españoles a una vivienda digna, en especial a los más desfavorecidos.


Desde el comienzo de la crisis en julio del 2008 se han registrado en España más de 400 mil ejecuciones hipotecarias, de las cuales una gran parte han acabado en desahucio. El Consejo General del Poder Judicial calcula una media de 183 desalojos diarios. Se vulneran los derechos más fundamentales por parte de los ayuntamientos de forma cada vez más sistemática. Ejemplo de ello es la brutalidad desproporcionada y el exceso de violencia con la que ejecutan estos desalojos las fuerzas de seguridad. El caso de Wilson y su familia fue definido por la PAH como un tipo de “terrorismo social”, al ver “como un bebé de un mes y medio lloraba porque 50 antidisturbios entraban armados”. En otro de los casos, los antidisturbios reventaron con una maza la puerta de cristal de un edificio para llevar a cabo el desahucio de una mujer y sus tres hijos menores, dos de ellos de cinco y siete años, y el tercero de tres meses. Muchas veces los activistas y vecinos que acuden en ayuda de las víctimas acaban sufriendo en su propia piel estas agresiones. “Han saltado los cristales por los aires y caían sobre nosotros. Podría haber sido una escabechina. Ha sido un desalojo brutal”, narra Daniel Lozano, de la Oficina de Vivienda de Madrid. Quien denuncia el recrudecimiento de estas prácticas que en algunas ocasiones llegan a saldarse con heridos.

Además, con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “ley mordaza”, impedir un desahucio podrá considerarse desorden público y la multa podrá ascender hasta los 30.000 euros. Esta nueva ley que ya está en marcha, provoca también casos como el de Alicia Armesto.  Una reportera que cubrió el desahucio de otra mujer en Tetuán y que ha sido denunciada por subir a las redes unas fotografías y un vídeo que no parecieron gustar a la policía. En él, aparece gente lesionada, la mujer desahuciada llora desconsolada y, junto a ella, un policía riéndose mientras le dice: “Tranquila, que ahí llega Podemos”.

En Madrid, la venta de miles de viviendas sociales del Ayuntamiento a fondos buitre “para salvar de la quiebra”, ha provocado un cambio de condiciones que los inquilinos muchas veces no pueden asumir. Las ayudas de la Comunidad apenas ascienden a 170 viviendas de las 1000 prometidas, según recoge Cáritas, la ONG que gestiona el plan regional. Que también asegura que muchas de ellas son inhabitables. Mientras, cientos de casas de familias desahuciadas se quedan vacías y los bancos no saben qué hacer con ellas. No pagan gastos de comunidad y no las reparan por lo que se vienen abajo, cuando hubieran podido cobrarles un alquiler módico durante un tiempo hasta que encontrasen un trabajo digno, y mientras tanto las cuidaban…

Vivimos en una dictadura impuesta por los bancos y los fondos buitres, oculta bajo una apariencia de democracia. Resguardada bajo leyes como la de “Seguridad Ciudadana”, la cual garantiza de todo menos nuestra seguridad y con la que se castiga a quienes trata de ayudar a estas personas a conservar sus casas. El partido que gobierna, el Partido Popular, alardea de ética, pero mira hacia otro lado ante casos tan espeluznantes como estos, que remueven las conciencias de muchos, pero no las suyas.