Compañeros de sucursal

Bankia coloca pibotes 'anti-mendigos' en una sucursal del centro de Madrid

Un chico saca dinero de una sucursal de Bankia, hasta ahí todo normal. Perooo… espera, ¿qué son esos 15 pivotes plantados a diestro y siniestro por toda la acera? Ah si, “PINCHOS-ANTIPERSONAS”. En concreto anti-personas sin hogar. En concreto anti-Carlos, anti-Gonzalo y anti-Alfonso… Personas a las que veía cada martes al salir de ruta con el voluntariado y que ahora ya no se ni cómo ni dónde están ¿Hasta cuando la criminalización de las personas sin hogar? ¿Hasta cuando los bancos por encima de las personas?


Donde se ven restos de algunos cartones, Carlos extendía su colcha del barsa (que hacía las veces de colchón) mientras Gonzalo esperaba a que acabase para poder resguardarse del frío. Los dos jóvenes se habían convertido hacía poco en los nuevos “compañeros de sucursal” de Alfonso. Un Informático autodidacta que rozaba los 60 -aunque decía que arreglado podía aparentar muchos menos- y que como sus compañeros, pasaba (y seguramente siga pasando) las noches en las calles de Madrid.

El buen ambiente que había entre los “compañeros de sucursal” no pasaba desapercibido. Una vez incluso hizo que un joven que andaba por allí, soltara un “¡cómo mola!” y que fue correspondido por los chicos con una mirada de “tendrías que verte tu aquí”. Entre risas y lamentos comentaban historias de gente que se les había acercado. Algunos para llevarles comida y ayudarles, otros para molestar o faltar al respeto, hubo incluso quien se había querido meter entre sus colchas.

Cuando te ves viviendo en la calle, desprotegido y sin intimidad alguna, tu “compañero de sucursal” se convierte en tu mejor amigo. Alguien que se preocupa por ti y te arropa por las noches si te encuentra destapado. Así habían hecho entre ellos más de una vez antes de las 8 de la mañana. Hora en la que llegaban los “jefes” de la sucursal y les despertaban para que se marcharan antes de que el banco abriera sus puertas…

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Desahucio de un país

Solidaridad con los Sin Hogar

Vallecas, Madrid. Seis de la mañana. Cincuenta policías y 7 furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se presentan en el domicilio de Wilson y su familia. Un matrimonio con dos niños pequeños. Uno de ellos apenas sobrepasa el mes y medio de vida. Pero ni eso, ni el frío de aquella noche de enero, ni el apoyo de los vecinos e integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pudieron evitar que los desahuciaran. Su casa, una vivienda alquilada de protección oficial, había sido vendida a un fondo buitre que había triplicado las mensualidades. Y los padres, como tantos otros, se encontraban en paro. El drama humano que supone perder el techo bajo el que dormir se repite cada día en toda la geografía española, a pesar de que la Constitución garantiza el derecho de todos los españoles a una vivienda digna, en especial a los más desfavorecidos.


Desde el comienzo de la crisis en julio del 2008 se han registrado en España más de 400 mil ejecuciones hipotecarias, de las cuales una gran parte han acabado en desahucio. El Consejo General del Poder Judicial calcula una media de 183 desalojos diarios. Se vulneran los derechos más fundamentales por parte de los ayuntamientos de forma cada vez más sistemática. Ejemplo de ello es la brutalidad desproporcionada y el exceso de violencia con la que ejecutan estos desalojos las fuerzas de seguridad. El caso de Wilson y su familia fue definido por la PAH como un tipo de “terrorismo social”, al ver “como un bebé de un mes y medio lloraba porque 50 antidisturbios entraban armados”. En otro de los casos, los antidisturbios reventaron con una maza la puerta de cristal de un edificio para llevar a cabo el desahucio de una mujer y sus tres hijos menores, dos de ellos de cinco y siete años, y el tercero de tres meses. Muchas veces los activistas y vecinos que acuden en ayuda de las víctimas acaban sufriendo en su propia piel estas agresiones. “Han saltado los cristales por los aires y caían sobre nosotros. Podría haber sido una escabechina. Ha sido un desalojo brutal”, narra Daniel Lozano, de la Oficina de Vivienda de Madrid. Quien denuncia el recrudecimiento de estas prácticas que en algunas ocasiones llegan a saldarse con heridos.

Además, con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “ley mordaza”, impedir un desahucio podrá considerarse desorden público y la multa podrá ascender hasta los 30.000 euros. Esta nueva ley que ya está en marcha, provoca también casos como el de Alicia Armesto.  Una reportera que cubrió el desahucio de otra mujer en Tetuán y que ha sido denunciada por subir a las redes unas fotografías y un vídeo que no parecieron gustar a la policía. En él, aparece gente lesionada, la mujer desahuciada llora desconsolada y, junto a ella, un policía riéndose mientras le dice: “Tranquila, que ahí llega Podemos”.

En Madrid, la venta de miles de viviendas sociales del Ayuntamiento a fondos buitre “para salvar de la quiebra”, ha provocado un cambio de condiciones que los inquilinos muchas veces no pueden asumir. Las ayudas de la Comunidad apenas ascienden a 170 viviendas de las 1000 prometidas, según recoge Cáritas, la ONG que gestiona el plan regional. Que también asegura que muchas de ellas son inhabitables. Mientras, cientos de casas de familias desahuciadas se quedan vacías y los bancos no saben qué hacer con ellas. No pagan gastos de comunidad y no las reparan por lo que se vienen abajo, cuando hubieran podido cobrarles un alquiler módico durante un tiempo hasta que encontrasen un trabajo digno, y mientras tanto las cuidaban…

Vivimos en una dictadura impuesta por los bancos y los fondos buitres, oculta bajo una apariencia de democracia. Resguardada bajo leyes como la de “Seguridad Ciudadana”, la cual garantiza de todo menos nuestra seguridad y con la que se castiga a quienes trata de ayudar a estas personas a conservar sus casas. El partido que gobierna, el Partido Popular, alardea de ética, pero mira hacia otro lado ante casos tan espeluznantes como estos, que remueven las conciencias de muchos, pero no las suyas.